Las trabas al autoconsumo son un palo más para el desarrollo de Extremadura

Empresarios de renovables: Las trabas al autoconsumo son un palo más para el desarrollo de Extremadura

El pulso legal que mantiene el sector de las renovables y el Gobierno de Rajoy ha vivido un nuevo capítulo con la sentencia del Supremo sobre el impuesto al sol.

Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier). No lo considera un impuesto, sino la contribución que deben hacer las personas que tienen sistemas de autoconsumo en sus hogares por estar ‘enganchados’ a la red eléctrica.

Para el Cluster de la Energía de Extremadura supone un nuevo mazazo para las renovables. Vicente Sánchez, de cluster extremeño, lamenta que el Gobierno central se preocupe tanto por ganar sentencias de este tipo, “aunque hay que recordarle que en 2008 éramos un país puntero en materia de renovables, y que hoy estamos a la cola”.

Denuncia la presencia constante de trabas  burocráticas como legales para el desarrollo de autoconsumo. A su juicio son un ‘palo en la rueda’ del desarrollo para Extremadura.

Un sector según explica muy dinámico, con muchas expectativas de futuro, que en contra se topó por un marco legal desfavorable que frena tanto a pymes como a familias a montar su instalación de esta tecnología. A lo que suma el ‘frenazo en seco’ que supuso la entrada en vigor del Real decreto de la Ley 1/2012 por el que se suprimieron las primas a las renovables. De modo que ha sido a su juicio un  frenazo tanto en la generación de riqueza como de empleo.

Frente a esta situación, el Cluster de la Energía apuesta por tirar hacia adelante y centrarse en las nuevas oportunidades. Siempre, por supuesto, “mirando hacia la derogación de una normativa que no nos gusta, y de la que pedíamos su retirada antes de que saliera”.

“Queremos una apuesta real por el autoconsumo y por las renovables, una apuesta clara con horizonte a largo plazo, y que desaparezca de una vez esta inestabilidad normativa”. En torno a la última sentencia, Vicente Sánchez señala que el tribunal alega que se cobra por el mantenimiento de la red, frente a lo que argumenta que el usuario ya tiene un contrato con la red eléctrica y por lo tanto está pagando por esos servicios.

Ayudas de la Junta

El Ejecutivo extremeño ha puesto en marcha una  convocatoria de subvenciones para potenciar el uso de las renovables en los hogares y pequeñas empresas y mejorar la eficiencia energética, con una inversión de 5,7 millones de euros y 856 solicitudes.

Además de la fotovoltaica, se han solicitado ayudas otras fuentes como biomasa, aerotermia, geotermia, hidrotérmica y biogás.  La elevada demanda de la primera convocatoria demostró ser  una herramienta  eficaz frente al ‘miedo’ del impuesto al sol juicio de la Junta.

El objetivo, según declaraba meses atrás el consejero José Luis Navarro, ha sido extender el concepto de energías renovables al uso particular, doméstico y de pequeñas empresas.

http://www.eldiario.es/eldiarioex/economia/legales-burocraticas-autoconsumo-desarrollo-Extremadura_0_704130454.html

Corría el año 2007. Eran momentos de esplendor, de optimismo, de conciencia social. El mismo presidente del Gobierno que teníamos, José Luis Rodríguez Zapatero, era puro optimismo. Había cubierto muchas etapas, en todos los sentidos, pero nos encaminábamos a afrontar la ecológica. “El sol puede ser suyo”, decían los eslóganes. “Sea patriota, invierta en energías renovables”, alentaban desde todos los medios. El “Compromiso de Kyoto” achuchaba. Y en estas llegó el BOE. Oficializó lo que se creía que eran utópicas promesas. “La sociedad española actual demanda cada vez más la utilización de las energías renovables y la eficiencia en la generación de electricidad como principios básicos para conseguir un desarrollo sostenible desde un punto de vista económico, social y ambiental”. No decía estas palabras cualquier subsecretario de cualquier ministerio, no, eran letras de molde publicadas en el más oficial de nuestros diarios con la rúbrica del mismísimo don Juan Carlos. Era cualquier cosa menos papel mojado. Era palabra de Ley y de Rey. Ahí es nada.

De inmediato, los aviesos comerciales se pusieron en marcha. No era un negocio que se practicaba de profesional a profesional. El beneficio era para todos, era como una acción social. Bastaba con tener un terreno baldío o una nave industrial con techo aprovechable. Se ocupaban con placas solares y punto. Ni siquiera hacía falta dinero. El banco lo fiaba todo. El plan, una lotería: “Nosotros –nos decían- te hacemos el proyecto, conseguimos los permisos, te lo montamos todo, tú solo tienes que ir al banco a que te den el préstamo, empiezas a producir energía, Endesa te la compra a buen precio, con lo que te dan pagas tu cuota del préstamo; en diez años, préstamo pagado, y, a partir de ahí, todo para ti, un chollo”. No era un cuento de la lechera cualquiera. Era más o menos así lo decía el BOE.

62.000 familias españolas entraron al trapo. De ellas, 16.000 son andaluzas y 1.600 son almerienses. Lo hicieron de buena fe, confiadas en el rigor de la publicación oficial, en la seguridad que da un Estado de derecho. La realidad es que todos nos volvimos locos: en solo dos años se instalaron en España 4.200 megavatios de energía solar fotovoltaica. Un disparate. Las previsiones eran de solo 400. En 2008 empezaron los primeros recortes y en 2010 un real decreto establecía “medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico”. Era un pisoteó a las condiciones del BOE. Se recortaban las ayudas a los huertos solares en un 45%. Y lo peor, con efectos retroactivos. Las cuentas ya no cuadraban. Lo que se vendía como un equilibrio financiero ahora hay que ponerle mucho dinero encima. Y el banco no perdona: o pagamos o nos embargan.

La mayoría de las inversiones la hicieron particulares. Pero también entraron en el negocio, en instalaciones grandes, muchos fondos de inversión internacionales. Éstos no asumen la estafa así como así. Las demandas siguen su curso. Si los tribunales internacionales les dan la razón, los tribunales españoles tendrán también que atender las demandas de los inversores domésticos. Es la esperanza que queda. Mientras tanto, mucha gente de buena fe tendrá que convivir con la ruina. Todo muy lamentable. E injusto.

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.php?IdNoticia=140965&IdSeccion=9

La batalla para mitigar el calentamiento no está perdida; algunos datos recientes alimentan las esperanzas de que se puedan cumplir los objetivos del acuerdo de París contra el cambio climático.

Ciertamente, la brecha que hay entre los recortes de emisiones de gases prometidos por los gobiernos y las reducciones pedidas por los científicos para el 2030 son enormes, y no evitan los riesgos de un cambio climático peligroso. Pero el descenso del consumo de combustibles fósiles los últimos años, entre otros factores, hace pensar a algunos expertos que no hay que tirar la toalla.

El director ejecutivo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Erik Solheim, afirmó el martes que EE.UU. podría cumplir el Acuerdo de Paris a pesar de que el presidente Donald Trump está decidido a ejecutar su plan para retirar a su país de este pacto internacional.

“Con toda probabilidad, Estados Unidos cumplirá con su compromiso de París; y no será por la Casa Blanca, sino por el sector privado”, dijo. Su argumento es que, pese a este discurso de Trump, “todas las grandes compañías norteamericanas” están trabajando para realizar actividades más limpias.

Scott Pruitt, jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), firmó el pasado 10 de octubre la propuesta legislativa que derogará el Plan de Energía Limpia ultimada en el 2015, para revitalizar la industria del carbón (el combustible que tiene más impacto climático) y reducir las medidas de protección ambiental. Sin embargo, los funcionarios de la ONU resaltan que muchas compañías, al margen de la postura oficial de su país, han emprendido otro camino diferente. John Christensen, alto funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha señalado que algunos estados de EE.UU., como California, están “actuando independientemente de lo que la Casa Blanca decida”. Muchas voces opinan que en EE.UU. no se frenará la decadencia del carbón, pues este combustible está lejos de poder competir con las fuentes de energías más limpias y más baratas.

Las emisiones en Estados Unidos caen (pero menos de lo necesario)

De hecho, las emisiones de gases invernadero en EE.UU. están cayendo desde el 2008, lo que coincide con un momento en que el gas natural y las energías renovables (eólica y solar, sobre todo) han empezado a sustituir al carbón en la generación eléctrica. Algunos estados han declarado que continuarán su apoyo a la acción climática para cumplir el acuerdo de París. La economía de California ha crecido rápidamente los últimos años, y ahora el 25% de su electricidad procede de las fuentes de energía renovables (otro 10% adicional de la hidroeléctrica) y sólo el 4% del carbón.

Según un análisis del Grupo Rhodium (a partir de las políticas de Trump), las emisiones de gases invernadero de los Estados Unidos probablemente caerán entre 15 y 19% en el 2025 respecto a los niveles de 2005, en lugar de sufrir un descenso de entre el 26% a 28% prometido por la administración Obama.

Pero no conviene pasar al triunfalismo injustificado. El PNUMA ha precisado que, en cualquier caso, los planes gubernamentales mundiales y las promesas del sector privado y de las autoridades locales hacen prever un aumento de la temperatura de al menos 3º C para el 2100, lejos por lo tanto de la meta del acuerdo de París.

En este acuerdo se fijó como objetivo limitar el calentamiento a 2 ºC o menos (respecto a la temperatura de la época preindustrial).

Los datos positivos de China son otro argumento alentador

Otro motivo para el optimismo es que aumenta la intensidad energética. En los últimos 50 años, el crecimiento de la economía y las emisiones de CO2 ha ido paralelo. Es decir, un mayor crecimiento económico se ha correspondido con un aumento del consumo de energía, más quema de combustibles fósiles y más gases invernadero. Sin embargo, en los últimos cuatro años la tendencia ha variado: ha continuado creciendo la economía mientras que las emisiones se han estabilizado. En este sentido, ha sido clave la apuesta de China, que intenta sustituir el carbón por energías limpias.

China, con una población de 1.400 millones de personas y un crecimiento económico fuertemente dependiente del abastecimiento del carbón, es el país con más emisiones de gases invernadero. Pero las ha estabilizado desde el año 2013. En el 2014, el presidente Xi Jingping prometió que las emisiones de gases invernadero alcanzarían su pico en el año 2030, para iniciar a partir de ese momento un descenso a partir de ese momento. Ese plan estratégico requería grandes cambios. Y eso lo que esta pasando. La tasa de crecimiento del CO2 se ha ralentizado drásticamente; el Gobierno ha cancelado unas 100 nueva plantas de carbón a principios de este año.

La conferencia de Bonn tomará el pulso a la voluntad política

La 23.ª conferencia de Cambio Climático de la ONU, que se celebrará en Bonn entre el 6 y 17 de noviembre, debe servir para fijar las reglas que deben concretar el funcionamiento del acuerdo de París contra el cambio climático. Ésta será una gran oportunidad para calibrar el grado de voluntad de los países de mantener sus compromisos tras el anuncio de Donald Trump de retirarse del acuerdo. “No basta con decir: ‘¡sí, sí, nosotros seguimos en pacto de París!’, sino que se necesita abordar una verdadera transformación real de los sectores económicos i financieros y demás, para cumplirlo; y eso todavía no se ve con claridad”, dice Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Idris, por sus siglas en inglés). Ribera detecta también signos positivos en China, India o Estados Unidos, pero ve a Europa “peléandose y adormecida en el reparto interno de esfuerzos”, dice en relación a la negociación sobre reducción de emisiones de CO2que se ultimando en el seno de la UE con vistas al 2030.

Sobre los fondos económicos, Ribera afirma que se ha avanzado en la movilización de recursos en la banca de desarrollo y en las inversiones privadas (que van incorporado los criterios de protección climática), aunque “aún faltan fondos solidarios” para afrontar la respuesta a las situaciones de alerta, emergencia y adaptación al cambio climático en los países menos adelantados y vulnerables.

Diálogo en el 2018, revisión

La 23.ª conferencia de Cambio Climático de la ONU que se inicia en Bonn tiene varias misiones. Primero, debe concretar los detalles sobre la celebración en el 2018 del primer gran “diálogo facilitador”, un encuentro que deberá servir para que los países tengan una visión global y puedan actualizar sus esfuerzos realizados para reducir las emisiones y elegir qué caminos o opciones deben emprender para mejorar sus acciones. El objetivo último debe ser ver qué se ha hecho y qué queda por hacer.

“Las emisiones de gases ya han copado el 80% del espacio que la atmósfera puede asumir”, destaca Ana Belén Sánchez, responsable del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

En segundo lugar, en Bonn se deben definir las reglas mediante las cuales los países deberán informar y revisar los planes de acción climática comprometidos, pues se necesita que esas reglas sean transparentes para planificar la acción conjunta y mejorar la cooperación internacional. Se debe asegurar que todos ellos midan sus emisiones de gases de manera igual y homologable.

Los países deben evaluar lo que han hecho hasta ahora para tener aprobadas sus nuevas contribuciones de acción climática (con nuevas medidas de reducción de CO2) en el 2020. Asimismo, en el 2023 se celebrará una conferencia para hacer la primera revisión global (con un nuevo reparto de esfuerzos y compromisos) que se hará cada cinco años. El objetivo última incrementar la ambición, vista la brecha entre las reducciones de emisiones prometidas y las que reclaman los científicos.

“España no hace nada”

Mientras tanto, en España diversas entidades sociales critican la “inacción” del Gobierno en materia política climática. “Han pasado dos años desde la aprobación el Acuerdo de París; aumentan las emisiones de gases y no se han adoptado ninguna medida”, dice Teresa Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE.

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, prometió hace casi un año la ley de Cambio Climático, pero la consulta pública previa concluyó hace poco, y el primer borrador de la ley no estará hasta el primer trimestre del 2018.

Mientras, los anuncios del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en los que garantiza larga vida a las plantas térmicas de carbón (de gran impacto climático) han irritado a los grupos ecologistas y decepcionado a los sectores empresariales interesados en las energías limpias. Una campaña conservacionista ha pedido el cierre paulatino de las 15 térmicas de carbón españolas; pero el Gobierno prepara un decreto para evitar el cierre de las plantas térmicas de Teruel y Compostilla (León), frente a la voluntad expresada por la empresa Enel, que no las ve rentables, dadas las inversiones de descontaminación necesarias.

Teresa Ribera y grupos ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace…) sostienen que las políticas de Nadal son “contradictorias” e “incohrentes” con el Acuerdo de París contra el cambio climático. “Hay que hablar claro; las medidas de Nadal son sospechosas, cuando menos”, añade Ribera. Interpretan que la intención de Nadal al querer mantener abiertas estas dos centrales de carbón responde a razones electoralistas en Asturias, Castilla y León y Aragón.

“Necesitamos una ley de Cambio Climático con una hoja de ruta, para ir reduciendo las emisiones de gases y llegar a la descarbonización de la economía en el 2050. Ahora no se hace nada. La UE nos pide fiscalidad ambiental”, dice Ana Belén Sánchez, directora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

En paralelo, fuentes de la Administración catalana critican el recurso de inconstitucionalidad presentado el viernes contra la ley de Cambio Climático del Govern, que afecta al grueso de la ley, y muy especialmente al impuesto del CO2 –que debería instaurarse en el 2018–, destinado en parte a financiar la acción climática (energía limpia…) y también a conseguir fondos para proteger los espacios naturales. “Es lamentable”, dicen esas fuentes.

El objeto de la Ley es la regulación de las medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, la definición del modelo de gobernanza de la Administración pública con relación al cambio climático y el establecimiento de impuestos como instrumento para actuar contra el cambio climático.

Hoy 7 Noviembre 2017 en http://bit.ly/radiorada hablaré sobre estos temas y otros temas más de suma importancia.